Catalunya A21: Oriol Junqueras eta Jordiak estatuaren gatibu. Hauteskunde kanpaina momentu erabakigarrietan

 

catalunya 081217

 

La decisión de mantener en prisión a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, adoptada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, evidencia que el Estado y el Gobierno no sólo pretenden influir descaradamente en las elecciones catalanas del día 21 de Diciembre. Su objetivo es que toda persona, movimiento social y organización que a través de la lucha desafíe los intereses del régimen del 78, sepa que puede enfrentar una represión estatal sin medida.

Esa es la única conclusión a la que se puede llegar después de leer el auto para justificar la libertad de seis ex-consellers y a la vez mantener en prisión preventiva sin fianza a los otros cuatro imputados. Toda la argumentación para confirmar la cárcel de Junqueras y los Jordis gira entorno a la supuesta “explosión violenta” que se produjo el pasado 20 de septiembre, cuando miles de personas se concentraron pacíficamente frente a la Consellería de Economía mientras la Guardia Civil realizaba un registro en la misma. Aunque todos pudimos ver en la televisión como en esta movilización ni se produjeron agresiones ni ninguna violencia contra las personas, para el nuevo Juez estrella del Tribunal Supremo lo que allí se vivió fue poco menos que un crimen. Una supuesta violencia que paradójicamente no se puede concretar en un solo hecho a lo largo de todo su auto.

El despropósito de su argumentación es tal que, en la propia resolución judicial, se acaba reconociendo que aunque la voluntad de las asociaciones que presidían los Jordis era la de la realización de una concentración pacífica, estos sabían que “se iban a infiltrar necesariamente comportamientos agresivos”. Estas piruetas y juegos de palabras se dan a lo largo de todo el texto para que no se tengan en cuenta imágenes como la de los Jordis que, con el permiso de la Guardia Civil, se subieron al techo de uno de sus coches para desconvocar la concentración megáfono en mano y facilitar la salida de la comisión judicial que intervenía la Consellería.

Es llamativa la obsesión del juez para remarcar una y otra vez la supuesta evidencia de “violencia” y acreditar así las conclusiones de su resolución. Llarena ve violencia en la gente anónima que formó con las manos en alto murallas humanas mientras era apaleada por la policía el 1 de octubre, ve violencia en las decenas de concentraciones pacíficas que se produjeron de manera espontánea durante aquellos días, ve violencia en los cortes momentáneos de vías de cercanías… ve violencia por todos lados. Pero éste y otros jueces no acaban de encontrar la violencia en los fascistas que semanas después perseguían y golpeaban inmigrantes durante las manifestaciones convocadas por Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular en Barcelona, ni en las amenazas de muerte de éstos y otros grupos de extrema derecha a los vecinos que colgaban esteladas en sus balcones, y mucho menos les llama la atención las agresiones físicas a quienes en otras ciudades defendían el derecho a decidir del pueblo de Catalunya.

En realidad, estamos ante una toma de rehenes por parte del Estado con un fin obvio: que ni Junqueras ni los Jordis puedan protagonizar actos multitudinarios en la campaña electoral ni focalizar la atención pública. La injerencia y las maniobras del Estado en estas elecciones son de tal magnitud que a todo esto hay que sumar la sorpresiva retirada de la euroorden de detención contra Puigdemont y el resto de ex-consellers que actualmente se encuentran en Bruselas. Y es que todo indica que desde la judicatura belga se produjo una filtración que dejaba entrever que, si bien era probable llevar adelante la extradición de Puigdemont, no se haría por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación y desobediencia (como pedían fiscalía y juez), sino que únicamente se aceptaría el de malversación por haber destinado una parte de los presupuestos catalanes a la realización del referéndum del 1de Octubre.

Esta circunstancia dejaría en evidencia una vez más a la justicia española, y podría dar alas a un repunte de la movilización contra la represión y a favor de la libertad de los presos políticos catalanes, algo que en plena campaña electoral es lo último que desean en el Partido Popular y su entorno. Las movilizaciones de masas en el concierto del Estadio Lluis Companys o en Bruselas, en las que participaron decenas de miles de personas para pedir la libertad de los Jordis y los consellers, muestran como el 155 no ha resuelto nada.

El independentismo burgués quiere cerrar capítulo

A medida que se acerca el 21D, los diferentes actores políticos van perfilando sus estrategias de una manera más clara. Y lo que destaca, por encima de todo, es la intención de dar carpetazo a la crisis revolucionaria abierta con las movilizaciones históricas del 1 y 3 de octubre, cuando más de dos millones de jóvenes, trabajadores y ciudadanos en general, ejercieron su derecho a decidir votando masivamente a favor de la república catalana, y resistieron la represión salvaje de miles de Guardias Civiles y policías desplegados por el gobierno del PP.

Fue la presión desde abajo lo que empujó a los políticos burgueses del PDeCAT y sus socios en el gobierno, ERC, a declarar la república catalana de manera vacilante y sin el menor plan para hacerla efectiva. Ahora, transcurrido más de un mes de aquella proclamación, y atendiendo a las justificaciones de Puigdemont, de Marta Rovira y muchos otros, queda claro que carecían de ninguna estrategia para responder a la represión del Estado y su violencia “legal”. El por qué de ello está muy claro: una resistencia organizada que enfrentara las medidas judiciales, el boicot económico de la burguesía catalana y la campaña del miedo, requería de una movilización revolucionaria de la población. Y esto no se podría conseguir sin apelar a la lucha, no sólo contra el Estado heredado del franquismo y sus medidas represivas, también contra las políticas de recortes y austeridad, por la defensa de la sanidad y la enseñanza pública, contra los desahucios, la precariedad y los bajos salarios. Es decir, habría que levantar un programa de clase, con claras medidas anticapitalistas, capaz de entusiasmar a la clase obrera catalana e involucrarla activamente en el combate contra la opresión nacional.

Los políticos burgueses del PDeCAT, y muchos de ERC, no quieren oír hablar de nada semejante. Al contrario. Ya han tenido bastante, ya han visto el abismo abrirse ante sus pies y no les ha gustado nada. Ellos no pretenden acabar con las reglas de juego. No pretenden alterar los cimientos del sistema capitalista, y mucho menos conquistar una república mediante la movilización revolucionaria de la población. Saben muy bien que si eso ocurre, las masas en lucha tardarían poco tiempo en volver toda su furia contra ellos, pues no podemos —ni debemos— olvidar que estos políticos nacionalistas burgueses han sido cómplices durante años de la acción de gobierno de Felipe González, de Aznar, de Zapatero y Rajoy, han aprobado todas las contrarreformas laborales y de las pensiones, han respaldado la Ley Mordaza, han votado todos los recortes en el Parlamento estatal y los han aplicado con saña contra el pueblo de Catalunya.

Ahora, desde el PDeCAT y ERC se pretende cerrar el camino abierto el 1 y 3 de octubre, abogando públicamente por la negociación con el Estado y un nuevo marco de entendimiento que en un plazo indeterminado haga posible, supuestamente, el derecho a decidir.

En pocas palabras. Lo que tratan de trasmitir a una población que se ha movilizado ejemplarmente contra la represión de un Gobierno y un Estado reaccionario, es que no hay fuerza para continuar la batalla. Pero fuerza hay de sobra; lo que no hay es la menor intención de estimular un movimiento enormemente progresista que ha provocado la mayor crisis del régimen del 78, y mucho menos alimentar la dinámica de acción directa, participación y autoorganización que estaba mostrando.

Por supuesto que en campaña electoral, y mucho más con Puigdemont, Junqueras y los Jordis en el exilio belga o presos en Madrid, millones depositarán su papeleta a favor de su libertad y contra la represión. Pero no está tan claro que, en las actuales circunstancias, logren un avance significativo en relación con los anteriores comicios de septiembre de 2015.

El discurso de En Comú Podem-Catalunya en Comú y las tareas de la izquierda

En este contexto tan volátil, el bloque del 155 está recurriendo a una campaña de manipulación que tiene pocos precedentes. La supuesta “desinformación” del Kremlin, que tanto preocupa al Gobierno, es un juego de niños en comparación con las mentiras que mañana, tarde y noche vomitan los medios de comunicación públicos y privados, pintando un panorama apocalíptico si no ganan las fuerzas “constitucionalistas”.

Con todos los medios del Estado a su favor y respaldados por una represión que mete en la cárcel a los adversarios políticos, cercena la libertad de expresión, reunión y manifestación, incluso las encuestas más favorables, como la del CIS, no garantizan a Ciudadanos, PSC y PP la posibilidad de conformar un tripartito catalán. La tendencia favorable de la candidatura que encabeza Inés Arrimadas es a costa del hundimiento definitivo del PP, que pasaría al último lugar en escaños y a duras penas superaría el listón del 5%. El PSC podría avanzar modestamente, pero teniendo en cuenta el hundimiento que ha sufrido en los últimos años tampoco es para echar cohetes.

En general, las encuestas no apuntan a un cambio de tendencia sustancial: ERC ganaría las elecciones, seguida muy de cerca por Cs. Dentro del bloque independentista, la pérdida de diputados se adjudicaría en todo caso a la CUP, y se quedarían a uno o dos de la mayoría absoluta; el bloque del 155 ganaría cuatro escaños en el mejor de los supuestos. Todas las encuestas confirman que los partidos favorables al derecho a decidir sumarían holgadamente más del 50%, lo que es un duro varapalo para el PP y el Estado.

En cualquier caso estas cifras hay que tomarlas con distancia y mucha precaución, pues estas elecciones se realizan en unas condiciones de polarización excepcionales, bajo una impronta represiva muy dura (lo que cuestiona sus garantías democráticas) y una campaña del miedo sin precedentes, pero también bajo el signo de una gran movilización de masas.

La actitud de la izquierda en esta campaña electoral tiene mucha importancia. No hablamos del PSOE, cuyos dirigentes se han arrastrado miserablemente ante Rajoy haciendo de mayordomos sumisos a la reacción. Su entusiasmo respecto a la legalidad capitalista, al orden constitucional del 78, y sus suspiros por la “concordia” pueden conectar con los sectores más conservadores de la clase obrera, pero seguirán sirviendo de comodín a la derecha en los asuntos fundamentales.

Otra cosa diferente es En Comú Podem-Catalunya en Comú, la marca que agrupa a Podemos, Ada Colau, ICV e EUiA (IU en Catalunya). En esta campaña electoral, los errores políticos de Podemos y sus aliados se están acentuando de manera visible.

El empirismo y el oportunismo son rasgos distintivos del nuevo reformismo de la dirección de Podemos. Cuando la lucha de clases arrecia, discursos a la izquierda. Cuando la presión de la derecha se recrudece, vacilaciones, ambigüedad y concesiones. Renunciando a la movilización social, Pablo Iglesias y los suyos pusieron todos los huevos en la cesta de un posible pacto con Pedro Sánchez para desalojar a Rajoy de la Moncloa. Ese plan, que se convirtió en una estrategia, ha hecho aguas por todos los flancos. Sánchez ha capitulado ante el aparato que él mismo derrotó en las primarias, y su cierre de filas con Rajoy ha frustrado cualquier ilusión en un giro a la izquierda del PSOE.

Los acontecimientos en Catalunya han probado a todas las organizaciones. Podemos que se jactaba de defender la plurinacionalidad del Estado, y de ser la vanguardia en la lucha contra el régimen del 78, ha mostrado debilidades imposibles de esconder. Renunciando disputar la dirección del movimiento de liberación nacional al PDeCAT y a ERC con una política de clase, socialista e internacionalista, se ha plegado a la legalidad vigente apelando a un referéndum pactado con el mismo Estado y las mismas fuerzas políticas que niegan el derecho a la autodeterminación de Catalunya mediante la violencia policial y la cárcel.

Pero eso no es todo. Acusando la embestida de la reacción, emplean todo tipo de triquiñuelas para capear el temporal. Pablo Iglesias habla de presos políticos, Alberto Garzón lo niega y va de plató en plató haciendo el juego a la campaña de la derecha. Pablo Iglesias defiende el derecho a decidir, pero aboga por “seducir” a la población de Catalunya para mantenerse en España, mientras culpa al independentismo de provocar al fascismo. Es decir, que la lucha de un pueblo que quiere ejercer su derecho a decidir y obliga a los políticos que lo prometieron a cumplirlo, es la causa de la represión del Estado y del recorte de los derechos democráticos que todos sufrimos.

Estas declaraciones, vergonzosas y cobardes, están además recorridas por un cretinismo parlamentario orgánico. El miedo a perder votos entre sectores de la clase obrera que en estos momentos están atrapados por la propaganda de la reacción, los mueve a realizar este tipo de concesiones. Pero de esta manera En Comú Podem-Catalunya en Comú no va a ganar más votos, ni va a esclarecer las tareas que tienen ante sí los trabajadores y los jóvenes que están hartos del PP, ni va a fortalecer la unidad de los oprimidos contra el enemigo común: la burguesía española y la burguesía catalana, y sus representantes políticos.

Pablo Iglesias y los dirigentes de Unidos Podemos están siguiendo una estrategia cada día más errática que, lejos de debilitar al régimen del 78, lo perpetúa y le da razón de ser. Si de lo que se trata es de “consensos” y “reconciliación” entre clases, pasando por encima de intereses sociales antagónicos y buscando el “bien común”, para eso nació precisamente el régimen del 78, del pacto entre los herederos de la dictadura y los dirigentes del PSOE y de PCE. Las consecuencias son de sobra conocidas.

La experiencia histórica de estos últimos cuarenta años ha arrojado mucha luz, y el balance es evidente: no es cediendo a los prejuicios del nacionalismo españolista, ni pactando con las fuerzas de la reacción, como saldremos de esta situación. Mientras se trabaje a favor de la desmovilización social en el resto del Estado, de la que son responsables los aparatos sindicales de CCOO y UGT, pero también la dirección de Podemos centrada en exclusiva en una actividad parlamentaria cada día más estéril e impotente, Rajoy y sus aliados se sentirán fuertes a pesar de su debilidad, y continuarán avanzando en sus objetivos políticos y económicos, reforzando el veneno españolista, aumentando la explotación de la clase obrera, e imponiendo nuevos recortes

Es urgente cambiar de rumbo. Pablo Iglesias y los dirigentes de Unidos Podemos no van a cosechar en las urnas lo que antes no hayan conquistado en las calles. Hay que volver al camino de la lucha de clases, a la movilización más contundente apoyándonos en la fuerza de la juventud y los trabajadores, para denunciar la corrupción y derrotar los recortes, explicando sin ambigüedad que no podemos tolerar más ataques a los derechos democráticos, defendiendo la aspiración del pueblo catalán a vivir en una república libre de oligarcas y capitalistas, y uniendo a todos los oprimidos —de Catalunya y del resto del Estado— en una batalla común para echar al PP del gobierno y acabar con la monarquía. Todo lo demás sólo favorece los planes de las derechas, tanto de Rajoy como de Albert Rivera.

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